miércoles, 15 de abril de 2015

1889 Los muchos pucherazos y la presa que sigue sin construirse

El ayuntamiento estaba regido por el alcalde Manuel del Toro Sánchez y los siguientes concejales: Martin Afonso González, Manuel Cabrera Marrero, José González Marrero, José Guerra González, Antonio Guerra Rodríguez, Salvador Hernández González, Valentín Lorenzo Matos, Pedro Marichal Álvarez, Carlos Medina Batista, Isidro Pérez Hernández, Francisco Pérez Marrero, Antonio Quintana Medina, Juan Ramos Guerra y Juan Andrés Suárez Guerra. La villa contaba con una población de 7.972 habitantes.

Los contribuyentes asociados Antonio Ferrera González, José Ferrera González, Juan Henríquez Guerra, Francisco Marrero González, Manuel Fernando Marrero Ponce, Juan Manuel Martin Rodríguez, José Medina Marrero, Rafael Ponce Armas, Antonio Pedro Ponce Marrero y Domingo Suárez Guerra.

Los conflictos políticos le van apareciendo a la casi compacta corporación y en la sesión del 6 de enero se ve obligada a adoptar un acuerdo sobre la distribución de los colegios electorales «Remitir informada á la Excma. Diputación Provincial (…) la reclamación deducida por D. Pedro Castellano y Ponce contra la división del término Municipal en Distritos y Colegios; debiendo repartirse en el informe, con el detenimiento que el caso requiere, los conceptos ofensivos para esta Corporación y los artificiosos argumentos que dicho interesado se permite exponer y que no pueden consentirse en silencio, para que no prevalezcan ante aquella superioridad las inexactitudes y falsas teorías que sirven de base y fundamento á la indicada reclamación».

El reclamante no es otro que el alcalde en 1872, hijo de Juan Bautista Castellano Marrero, casado con una hermana de Luis Ponce Ponce, tildado en su día de “pulido e inmaduro” que abandonaba los plenos cuando era recriminado por ilegalidades, al que encuadramos dentro de los “conservadores” que pugnaban con los “leoninos” por mandar. Ahora, diecisiete años después, más maduro y administrando el buen patrimonio heredado de su padre, estaba rehaciendo el camino político que terminó por encaminar hacia la presidencia de la Heredad de Aguas.

En la sesión del 17 de febrero se dio cuenta de la resolución de la Comisión Provincial sobre esta reclamación, considerando que la división del término Municipal en Distritos y Colegios realizada por el ayuntamiento se ajustaba a derecho.

En la Heredad de Aguas continuaba de Presidente Rafael Ponce Armas, y en su Junta del 3 de Febrero se daba cuenta del informe sobre el ya lejano proyecto de construcción de una presa para los cultivos de regadíos extensivos, y los dos posibles lugares de La Caldera y el barranquillo de Pinto. En La Caldera se estimó un coste de 23.000 pesetas y mucho más en Pinto, «unas 15.000 pesetas el solar y aún más». Tenía además esta última el coste añadido de las acequias de salida, que no eran necesarias en la Caldera por donde pasaba la acequia real, si bien en Pinto podría alcanzarse una doble capacidad. Cómo se prestaba a dudas técnicas se encargó al ingeniero Eugenio Suárez Galván diera un dictamen, que entregó el día 17, dos semanas después, precisando que en Pinto costaría «40.000 duros».

Como los recursos disponibles ya habían sido debatidos años atrás y hubo oposición frontal de una minoría de herederos a la aprobación del Secuestro de una azada que precisaba unanimidad, se encargó al mismo ingeniero confeccionara planos y memorias para su construcción en La Caldera y pudiera ser presentados en la Junta de octubre, dado que la mayoría de herederos quería resolver el proyecto de la presa cuanto antes.

En la sesión del ayuntamiento de 17 de febrero se acordó dirigirse al Diputado a Cortes Pedro del Castillo y Manrique de Lara para que hicieras gestiones e intercediera para que se incluyera en el plan general de carreteras de la provincia el enlace de «esta Villa con la inmediata de Teror y que apenas contará siete kilómetros de longitud».

La confección del censo de electores por el ayuntamiento tuvo muchos curiosos “errores”, por lo que el ayuntamiento en pleno del día 24 de febrero tuvo que admitir muchas reclamaciones antes de que llegaran a la Comisión Provincial lo que podía haber supuesto un auténtico escándalo político:

«Segundo.- Acceder a una solicitud de D. Pantaleón Diaz y Suarez, encaminada á que sean incluidos en las listas de electores para Concejales, Don Domingo, D. Vicente, D. Francisco, D. Isidro y D. Juan Suarez Rodriguez.
Tercero.- ídem á otra reclamación del propio D. Pantaleón Díaz respecto á la inclusión en dichas listas de Don José García Marrero.
Cuarto.- ídem á otra instancia del mismo, ejercitando análogo derecho, con referencia á D. Andrés Pérez González y D. Francisco García Estévez.
Quinto.- ídem á otro memorial de dicho interesado, con igual objeto, relativamente á D. Cipriano Blanco y Falcón.
Sexto.- ídem a otra reclamación del mencionado sujeto, con el mismo fin, en cuanto á D. Juan Henríquez Brito.
Séptimo.- ídem á otro memorial del repetido D. Pantaleón Díaz, con análogo objeto, por lo que toca a D. Juan Ortiz Deniz.
Octavo.- ídem á otra solicitud del ya citado Pantaleón Díaz, con idéntico propósito, respecto a D. Manuel Domínguez Suárez.
Noveno.- ídem a otra instancia del propio reclamante, en lo que atañe á la inclusión de D. Domingo Santana Batista  y á la exclusión de D. Francisco Marrero Yanes, D. Tomás Henríquez Marrero y D. Luis Santana Ravelo; denegándola en cuanto á la pretendida eliminación de D. Rafael Rodríguez Ferrera y D. José Mujica Santana.
Décimo.- Modificar la vecindad con que aparecen en las listas los electores D. Juan de la Nuez Rodríguez, D. Pedro Pino Ortiz, D. Pedro Rosales Hernández, D. Manuel Reyes Medina, y Don Blas Medina Marrero, de conformidad con lo solicitado por el propio Don Pantaleón Díaz, manteniendo la que afecta á D. José Pérez y Pérez y D. Domingo Suarez Guerra, comprendidos también en dicha reclamación, por no existir méritos para introducir la expresada enmienda.
Undécimo.- Reconocer el derecho del sufragio para cargos municipales á favor de los cuarenta y dos vecinos cuya inclusión pide D. Rafael Ponce y Armas.
Duodécimo.- Excluir de las listas electorales para Concejales á D. Blas Henríquez Brito, D. Francisco Hidalgo, D. Juan Miguel Hernández Zerpa, Don Manuel Matos Rosales, D. Mario Benavides y Ponce, D. Emiliano González y D. Sixto Sancho y Bonal, quedando asi resuella la reclamación producida al efecto por el repetido D. Rafael Ponce».


Resulta curioso que las reclamaciones fueran presentadas por los ahora “patrióticos” y por los “leoninos”, entendiendo que estos últimos lo hacen para nivelar las inclusiones del contrario, y casi fuera de tiempo. Ello motivaría que Pantaleón Diaz y Suarez reclamara contra la anónima y no individualizada inclusión de vecinos presentada por Rafael Ponce Armas, asunto que tuvo que tratarse en el pleno del 3 de marzo que adoptó los siguientes acuerdos:

«Segundo.- Denegar en lo principal, por improcedente y extemporánea la solicitud presentada personalmente por Don Pantaleón Diaz y Suarez el dia 27 de febrero último, para que en definitiva sea destinada la que, en tiempo oportuno, produjo D. Rafael Ponce y Armas, en cuanto á la inclusión de 37 vecinos en las listas electorales; admitiéndose desde luego la apelación que, en este caso, interpone el propio D. Pantaleón Diaz, a cuyo efecto deberá remitirse el escrito del mismo con todos sus antecedentes á la Comisión Provincial, y se entregará al interesado, por vía de notificación, copia certificada de este acuerdo.
Tercero.- Expedir y entregar al referido Don Pantaleón Diaz y Suarez, el testimonio que pide, comprensivo de la instancia deducida por D. Rafael Ponce y Armas, sobre inclusión y exclusión de electores en las listas respectivas, asi como de varios otros extremos relacionados con dicha reclamación».

Pero todo estaba bien controlado y dominado en el órgano provincial, también dominado por los “leoninos”, y así en la sesión del día 24 de marzo se recoge «Quedar enterado del fallo de la Comisión Provincial desestimando en definitiva y sin más ulterior recurso, la apelación interpuesta para ante la misma por Don Pantaleón Diaz y Suarez, confirmando en todas sus partes el acuerdo de este Ayuntamiento, fecha 24 de febrero último, objeto de dicha alzada, sobre inclusión en las listas electorales de los 42 vecinos comprendidos en la reclamación que al efecto y en tiempo oportuno presentó D. Rafael Ponce y Armas». Queda claro que quien hace sonar la campana en el instante apropiado, está definiendo la extemporaneidad como interesa. Así se legalizaban los “pucherazos”, manejando los tiempos correctamente.

Ya tranquilo y sin situaciones de “infarto”, en abril se incorporó de nuevo a la alcaldía Manuel del Toro Sánchez, después de su larga convalecencia, si bien desde su domicilio no había descuidado el control del gobierno municipal y de la política local, cuidando la composición de los censos electorales, y caracterizándose este período por la "facilidad" con que las distintas sesiones de la corporación aprobaban la concesión del derecho de ciudadanía a contribuyentes que aun teniendo sus tierras en el término municipal siempre mantuvieron su domicilio en Las Palmas. Había que preparar las próximas elecciones de diciembre, de acuerdo con la nueva ley que se aprobó en mayo.

Muy atentos a las pugnas contra los "leoninos" en toda la isla, el periódico “El País” (órgano del Partido Patriótico) del 21 de mayo avanzaba una primicia informativa:

«Tenemos entendido que nuestro amigo D. Francisco Blanco y Falcón, vecino de Arúcas, ha elevado un enérgico y contundente recurso de queja al Sr. Ministro de la Gobernación, contra la Diputación provincial y el Gobernador de estas islas, por que hace cuatro meses presentó recurso de alzada de los acuerdos tomados en ciertos expedientes sobre elecciones de Arúcas, y esta es la fecha en que las autoridades provinciales no se han dignado remitir las actuaciones al Sr. Ministro, con grave retardo de la administración de justicia.

El Sr. Blanco, en su queja, traza fidelísimo retrato del caciquismo de la provincia, comparándolo con esas Sultanías dictatoriales, con su obligado séquito de progenies cesaristas y autoridades que obedecen; recordando, de paso, las tantas suspensiones de Ayuntamientos independientes, decretadas por los gobernadores y revocadas por los poderes centrales; con severos apercibimientos á aquellos y poniendo, en fin, de manifiesto que sobre la fuerza del derecho se impone el derecho de la fuerza, ya que la mayoría legal en casi todos los pueblos de la provincia, por sentimientos de justicia, es hostil á la situación imperante».

De nuevo es oportuno para este autor citar otro nacimiento el 20 de Abril, el correspondiente al segundo cronista de Arucas Teodoro Rosales Quevedo, que tuvo lugar en la casa de sus abuelos maternos en la plaza de san Sebastián, otra de las fuentes bibliográficas utilizada para estos Anales.

Retomando la historia, dentro de aquellos ambientes que buscaban la proyección social, aquella vieja iniciativa vecinal para la construcción de un nuevo templo parroquial promovida por la Junta de Construcción presidida por Rafael Ponce Armas, no prosperó por no alcanzar los fondos precisados, probablemente por coincidir con la crisis de la cochinilla, y los dineros obtenidos habían sido invertidos en empréstitos del Banco Nacional, gestionando Antonio González González su rescate en junio de 1877, hasta que el presbítero Pedro Regalado Hernández Armas recibió el efectivo de ochocientas treinta y seis pesetas y cincuenta céntimos del recaudador de contribuciones Pantaleón Quevedo el 27 de agosto de 1878.

El 22 de mayo de este año, el párroco Manuel Morales Caballero recibió de Francisco Hernández Armas, en calidad de heredero del fallecido presbítero Pedro Regalado Hernández Armas depositario de tal cantidad, el importe de mil seiscientas noventa y nueve pesetas y noventa y ocho céntimos, producto de aquel empréstito y otras de distinto origen aportados por los vecinos, para la construcción de un nuevo templo.

Dada la imposibilidad económica para la construcción del nuevo templo, a consulta del párroco que no dudamos ofreciera esta alternativa, el obispo aconsejó destinar dichos fondos a la reconstrucción de la Casa Parroquial, por la alarmante situación de ruina después del cartucho de dinamita que tiraron en el techo, cuantía que la Fábrica de la parroquia se obligaría a satisfacer a su fin previsto cuando se ejecutara la obra del nuevo templo. A dicho importe se sumó la donación realizada por la Heredad de Aguas procedente de parte de los intereses percibidos por el préstamo dado por distintos herederos al contratista de la carretera Manuel Matos Moreno, quienes  a su vez obtuvieron su principal de La Heredad.
 
Detalle certificación Párroco Morales (Archivos Fundación Mapfre Guanarteme)
Las reclamaciones contra el censo electoral no fueron exclusivamente las ya comentadas. Las fórmulas manipuladoras aprendidas de las elecciones a Diputados a Cortes convocadas por Cánovas y Sagasta tipificadas de auténticos "pucherazos", y puestas en práctica para las municipales obligaron a que los molineros de Cruz de Pineda por medio de un reconocido político del lugar plantearan un recurso por tales hechos.

El recurso de alzada sería firmado por un conocido político local, próximo a los dueños de la Fábrica Azucarera de Nª Sra. del Rosario, pues hasta esos extremos había que cuidarlos para tener influencia. Pero, los brazos del poder de los "leoninos" todavía tenían fuerza. La sesión del 24 de septiembre de 1889 de la Comisión Provincial desestimó el recurso de alzada interpuesto por el ex-alcalde Antonio González González, que pedía se excluyeran de las listas electorales, setenta y ocho individuos que había incluido el Ayuntamiento siendo Alcalde Manuel del Toro Sánchez.

Poco después, en su sesión del 15 de octubre siguiente, desestimaba también otro recurso de Antonio González González por la inclusión de otros siete vecinos en el censo. Eran las denuncias de los "progresistas" a las mañas y "pucherazos" de los "leoninos" herederos del Partido Nuevo y otros restos escindidos del Partido Viejo que se apuntaron a la opción política ganadora,  que se resistían a la pérdida del poder para sucederse a sí mismo.

El 13 de octubre se celebra la Junta General de la Heredad de Aguas para estudiar los planos y memorias encargadas al ingeniero, y en ese ánimo mayoritario de resolver cuanto antes este viejo tema de la presa, facultó a la Junta de Gobierno para negociar la compra del solar. Reunida al siguiente día la Junta de Gobierno, nombra una comisión formada por Rafael Ponce Armas, Jerónimo Navarro González y Ramón Madan Uriondo para realizar las negociaciones con la familia Bravo, propietaria del solar. El 20 de noviembre la Junta de Gobierno fue informada que el precio del solar era de 12.000 pesetas, y que los vendedores exigían además el condominio del 50% del agua depositada, contribuyendo ellos en igual porcentaje a las limpias y reparaciones futuras.

La Junta de Gobierno entendió que era una exigencia desproporcionada y dado que la Ley de Aguas le habilitaba para incoar un expediente de expropiación forzosa, decide trasladar esta propuesta a la próxima Junta General a celebrar el próximo año. El asunto de la presa seguía esperando que le llegara su momento.

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